7 de Octubre de 2023
Operación Dilúvio de Al-Aqsa
Defender sin reservas el derecho de los pueblos oprimidos a resistir por la fuerza no solo es coherencia política, sino también la única postura que impide que el crimen de genocidio se defina, en la práctica, según los criterios de quienes actualmente enfrentan esta acusación.
La Operación Diluvio de Al-Aqsa, llevada a cabo por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a través de la Sala de Operaciones Conjunta de la Resistencia — junto a las demás organizaciones de defensa del pueblo palestino, como la Yihad Islámica Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina (FDLP)— el 7 de octubre de 2023, fue una decisión muy acertada. Rompió el bloqueo político impuesto al pueblo palestino, recolocó la causa palestina en el centro de la lucha mundial y demostró que la ocupación israelí no es invencible.
La adhesión no se limitó a las organizaciones citadas: a la acción se sumaron incluso sectores que rompieron con la dirección capituladora de Fatah —las Brigadas de los Mártires de al-Aqsa— y organizaciones independientes como los Comités de Resistencia Popular y el Movimiento Muyahidín Palestino, lo que reveló que la operación expresaba la voluntad de amplios sectores de la sociedad palestina, y no la de un único partido o corriente política.
Casi tres años después, el asesinato del ayatolá Saied Ali Jamenei a manos de Estados Unidos e «Israel» confirma lo que la izquierda proimperialista se negó a comprender: los pueblos oprimidos avanzan cuando se enfrentan a sus opresores, mientras que el imperialismo se debilita cuando cree que puede aplastarlos mediante el terror.
Desde el primer día, sectores de la izquierda condenaron a Hamás. Afirmaron que la operación había sido un «error de cálculo», ya que la respuesta genocida de «Israel» causaría un número ingente de muertes en Gaza. Este razonamiento traslada la responsabilidad de los crímenes del ocupante al pueblo palestino. En lugar de condenar el sionismo, se condena a la resistencia por haber reaccionado. Se espera que los palestinos acepten el bloqueo, la hambruna, los bombardeos y la expulsión de sus tierras.
Ningún pueblo alcanza su libertad eligiendo únicamente acciones que no provoquen una reacción del enemigo. Toda lucha de liberación se enfrenta a la represión. La cuestión radica en si la acción debilita al opresor, amplía la organización de los oprimidos y modifica la correlación de fuerzas. El 7 de octubre logró esto. Destruyó la apariencia de estabilidad del régimen sionista, reveló la fragilidad de su aparato militar y obligó al imperialismo a movilizar sus recursos para sostener la ocupación.
La guerra contra Gaza no extinguió la causa palestina. Ocurrió todo lo contrario. La resistencia continuó luchando. Hezbolá abrió un frente en Líbano. Ansar Allah se enfrentó a barcos vinculados al sionismo en el Mar Rojo. Organizaciones iraquíes atacaron posiciones imperialistas. Irán asumió un papel aún más destacado en la defensa de los pueblos de la región.
Es en este contexto que la reticencia de ciertos sectores de la izquierda a defender sin reservas los sucesos del 7 de octubre deja de ser una mera discrepancia interna dentro del campo propalestino y comienza a tener consecuencias jurídicas internacionales. Mientras Sudáfrica lleva a «Israel» ante la Corte Internacional de Justicia por cargos de genocidio, tratar la operación de Hamás como un «lamentable error» —en lugar de como un acto de resistencia contra un régimen de ocupación— priva a la causa palestina precisamente del fundamento que sustentaría la acusación: la demostración de que la violencia israelí responde a un proyecto de destrucción del pueblo palestino como tal, y no a una guerra de autodefensa contra una agresión aislada.
Esta vacilación coincide (aunque sin coordinación) con la estrategia jurídica de Estados Unidos ante la Corte: al intervenir en virtud del artículo 63 del Estatuto —un mecanismo que vela por el interés colectivo de los Estados Partes, no por posiciones bilaterales—, Washington busca algo que trasciende el destino de Gaza: establecer, en la jurisprudencia internacional, los criterios que definirán qué constituye genocidio desde la perspectiva de quienes actualmente enfrentan la acusación. La izquierda indecisa y el gobierno que defiende a «Israel», por caminos distintos, producen el mismo resultado: despojan al 7 de octubre de su carácter de resistencia y abren la puerta a que el crimen de genocidio sea moldeado, en el derecho internacional, por los mismos acusados de cometerlo.
Por lo tanto, la vacilación de la izquierda respecto al 7 de octubre no es ni una postura neutral ni prudente: es una contribución, aunque involuntaria, a la tesis que Estados Unidos intenta consolidar en la Corte Internacional de Justicia. Defender sin reservas el derecho de los pueblos oprimidos a resistir por la fuerza no solo es coherencia política, sino también la única postura que impide que el crimen de genocidio se defina, en la práctica, según los criterios de quienes actualmente enfrentan esta acusación.
